Un nuevo estudio revela que aproximadamente 47 millones de estadounidenses (el 14,1% de la población estadounidense) viven a menos de una milla de infraestructura de combustibles fósiles, lo que genera preocupación sobre posibles riesgos para la salud. La investigación, publicada en Environmental Research Letters, destaca la exposición generalizada a contaminantes en toda la cadena de suministro de combustibles fósiles, desde la extracción hasta el uso final.
El alcance oculto de la infraestructura de combustibles fósiles
Durante décadas, la conciencia pública sobre los riesgos de los combustibles fósiles se ha centrado en elementos visibles como las plataformas petrolíferas y las centrales eléctricas. Sin embargo, el panorama completo incluye una red en expansión de refinerías, instalaciones de almacenamiento y centros de transporte que a menudo se pasan por alto. Este estudio divide la exposición en cinco etapas: extracción, transporte, refinación, almacenamiento e instalaciones de uso final.
Los investigadores descubrieron que casi 21 millones de personas viven cerca de centrales eléctricas (uso final), mientras que más de 20 millones residen cerca de pozos de petróleo y gas (extracción). Las instalaciones de almacenamiento, incluidos los depósitos subterráneos de gas y las terminales petroleras, exponen a más de 6 millones de residentes. Muchas comunidades están expuestas a múltiples tipos de infraestructura, lo que significa que el número total de personas afectadas es mayor que la suma de cada etapa.
Exposición desproporcionada e injusticia ambiental
El estudio confirma una cruda realidad: la exposición a la infraestructura de combustibles fósiles no está distribuida de manera uniforme. Las comunidades predominantemente no blancas soportan una carga desproporcionada, en línea con las investigaciones existentes sobre la injusticia ambiental. Las zonas urbanas también están más expuestas: casi el 90% de la población afectada vive en ciudades.
Esta disparidad subraya la necesidad de intervenciones específicas. Los investigadores sugieren que los formuladores de políticas en las áreas urbanas pueden lograr el mayor impacto centrándose en las instalaciones de almacenamiento, que exponen una mayor densidad de residentes por instalación en comparación con los sitios de extracción.
Nuevos datos, nuevos conocimientos
Los hallazgos del estudio fueron posibles gracias al lanzamiento de la Base de datos de índices de equidad e intensidad de exposición de la infraestructura energética (EI3) para la salud pública en 2024. Esta base de datos, la primera de su tipo, centraliza los datos disponibles públicamente sobre la infraestructura de combustibles fósiles, anteriormente dispersos en varias agencias y jurisdicciones. El equipo hizo que el conjunto de datos fuera accesible en Harvard Dataverse, eliminando barreras a la investigación y la formulación de políticas.
Peligros no caracterizados e investigaciones futuras
El estudio identifica lagunas críticas de conocimiento sobre los peligros impuestos por la infraestructura intermedia de la cadena de suministro. Si bien las investigaciones confirman los riesgos para la salud cerca de las instalaciones de extracción y uso final (incluidos resultados adversos en el parto y asma), los efectos de vivir cerca de refinerías, instalaciones de almacenamiento y centros de transporte siguen siendo en gran medida desconocidos.
Los investigadores enfatizan la necesidad de caracterizar estos peligros e identificar poblaciones vulnerables. Los estudios futuros deberían monitorear la contaminación del aire, el agua, el ruido y la luz cerca de las instalaciones, aprovechando conjuntos de datos como las reclamaciones de Medicaid y los planificadores de embarazos para evaluar los impactos en la salud.
Implicaciones políticas
El estudio cuestiona la suposición de que los procesos de combustibles fósiles estén adecuadamente regulados. En muchas regiones, las instalaciones funcionan con restricciones mínimas de zonificación, lo que permite construirlas muy cerca de hogares y escuelas. Los hallazgos exigen regulaciones más estrictas, ubicación equitativa de nueva infraestructura e intervenciones específicas para proteger a las comunidades vulnerables.
La investigación subraya un mensaje fundamental: los riesgos para la salud de los combustibles fósiles se extienden mucho más allá de la contaminación visible. Abordar estos riesgos requiere datos completos, investigación rigurosa y un compromiso con la justicia ambiental.
